jueves, 18 de septiembre de 2014

La enseñanza privada denuncia la doble financiación de la concertada

Los colegios de pago se quejan de la irrupción de constructoras y empresas de restauración en la gestión de los centros subvencionados con dinero público



Los colegios concertados los financia la Comunidad con los impuestos de los ciudadanos —paga los salarios de los profesores y el funcionamiento de los centros— y, sin embargo, ya hay colegios subvencionados más caros que los privados. Entre cuotas “voluntarias”, comedor y transporte pueden superar los 500 euros mensuales. En este contexto, tras años de denuncia, la Asociación de Colegios Privados-Círculo de Calidad Educativa (CICAE) ha exigido a la Comunidad de Madrid, mediante un recurso administrativo, que supervise y controle las cuotas —muchas de ellas supuestamente voluntarias— que tienen que pagar las familias con hijos en la enseñanza subvencionada.
“Del modelo de iniciativa social, gestionado mayoritariamente por congregaciones religiosas o entidades benéficas, se está pasando a un modelo de negocio en suelo público, con dinero público y de copago”, lamenta Gabriel Castellano, presidente de CICAE.
Esta asociación no carga, sin embargo, contra los centros religiosos “sin ánimo de lucro y con colegios propios construidos en terrenos de la Iglesia”, sostiene Pilar Sáinz, subdirectora del centro privado Los Sauces, sino contra lo que se conoce como “nueva concertada. “Los centros son construidos en terrenos cedidos por los Ayuntamientos a las empresas a través de la Comunidad, y solo pagan un canon simbólico a los municipios”, sostiene Sáinz.
Educación sostiene que las instrucciones del concierto que ha recurrido CICAE son “esencialmente las mismas que viene emitiendo la consejería desde hace 15 años para regular los precios de las actividades complementarias: el transporte, el comedor y las actividades extraescolares”. E insiste en que las cuotas que puedan solicitar estos centros son “siempre voluntarias para las familias y éstas son absolutamente libres para aceptarlas o rechazarlas”. Remarcando que “en ningún caso” estos pagos —aprobados por la Ley de Derecho a la Educación (LODE) del Gobierno socialista en 1985— “tendrán carácter lucrativo”.
El Gobierno niega también “permisividad o falta de control” a la concertada. “Según sentencia del Tribunal Supremo [23 enero 2007], el cobro por el uso de servicios escolares complementarios debe ser autorizado por el Consejo Escolar y solamente comunicado a la Administración educativa. La Comunidad de Madrid cumple estrictamente con esta sentencia”. Remacha, además, que inspección actúa “siempre que existe alguna denuncia” y cuando “tiene conocimiento de cualquier situación presuntamente irregular”.
CICAE se queja también de que las compañías que se presentan a los concursos para lograr los colegios subvencionados no tengan un origen educativo, sino que provienen de empresas de la construcción, de la restauración —Arturo Fernández, el presidente de la CEIM, por ejemplo, tiene un centro— o de fondos de inversión. Estas sociedades invierten grandes sumas en levantar los edificios y unas buenas instalaciones deportivas y, en muchos casos, quieren recuperar los millones invertidos en un corto plazo de tiempo. Según datos de Educación, desde 2004 se han construido 500 centros públicos —casi la mitad infantiles— frente a 68 concertados.
Emilio Díaz, secretario general de Escuelas Católicas, recuerda que el 25% de sus centros los estudiantes no pagan ninguna cuota y en el resto son siempre voluntarias: “Hoy día mantener un colegio abierto es un milagro. Te les ves y te las deseas, pero nosotros tenemos en cuenta el impacto que tiene en los hogares las cuotas, que van de los 10 euros mensuales a los 70”. E insiste en que se ajustan a las instrucciones de 1985, cuando el Gobierno socialista creo el sector de la concertada para hacer frente a la falta de colegios en pleno boom democráfico y con un alza en la tasa de escolarización.
Observan en CICAE —que agrupa a colegios privados de larga tradición —como Estudio, SEK o o Brains— una “competencia desleal de centros con doble financiación (pública y privada)”. Su petición a la Comunidad coincide, además, con una situación dramática para la enseñanza sin subvención. Sáinz reconoce que casi todos los colegios han perdido una clase de infantil, el tramo de edad más afectado por la crisis.
Y es que las familias con miembros en paro hacen un mayor esfuerzo por mantener al adolescente en el centro si está a punto de terminar. No obstante, el sector privado ha perdido 7.000 niños en Educación Infantil en un lustro —ha pasado de representar un 14% del total en 2008 a un 9,7% el curso pasado— o 3.200 en primaria, tras bajar del 12,7% al 10,6% su proporción. En secundaria, son casi 3.000 estudiantes menos y en bachillerato no bajan el número porque se ha disparado en toda España: al haber mucho desempleo, los jóvenes alargan sus estudios.
CICAE nació en 2010 como una escisión de nueve colegios de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Desde entonces, los primeros defienden una mayor supervisión de la enseñanza concertada. ACADE, por su parte, solo manifiesta que “exige el estricto cumplimiento de la legalidad en el ámbito de los conciertos educativos en defensa de una leal competencia”.
Pilar Sáinz, de CICAE, explica que su asociación defiende “una educación de calidad tanto pública como privada y que sean los padres quienes elijan”, pero sin doble financiación. Por eso, esta entidad educativa ha intentado un acercamiento a quienes defienden lo estatal, “pero no hay una única voz y ellos no quieren ir de mano de la privada”.
La inversión de Madrid por alumno ha bajado un 3,4% en la concertada en el último año, según los datos de los Presupuestos regionales de 2012 y 2013.
Según el informe de gastos escolares que cada año presenta FUCI (Federación de Usuarios Consumidores Independientes), Madrid es la comunidad en la que más cuenta la vuelta al colegio (1.050 euros de media), muy lejos de los alrededor de 700 de Galicia, Cantabria o Andalucía. Y los pagos en los colegios concertados —en este caso los datos son a escala nacional— se acercan más a los privados que a los públicos. El transporte cuesta en los subvencionados 45 euros mensuales más que en los colegios estatales, la comida 35 al mes, el material escolar el doble (100) y 20 los manuales de texto.

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